He leído que piden hasta nueve años de cárcel a unos activistas por haber lanzado tres tartas al careto de una política de esas que no suelen llevar, precisamente, la honestidad por bandera. Bueno, en realidad es que ningún político la lleva, seamos exactos. Se juzga en el Tribunal de Orden Público español a unos rebeldes vascos que tuvieron la audacia, o el riesgo, de enviar a la cara de la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, de UPN, tres tartas de merengue, es decir, encima tuvieron el detalle de gastarse dinero para lanzar a su poco agraciado careto uno de los más reconocidos dulces que se hace en los obradores de pastelería. El resultado del tartazo no provocó lesión o rasguño alguno en la destinataria, pero ésta, acostumbrada a montar numeritos judiciales contra el pueblo que le canta las verdades del barquero, puso el grito en el cielo y pidió mano dura, como acostumbra a solicitar la derecha neofranquista. El día de los tartazos la Barcina andaba reunida con las élites económico-financieras y resultó imperdonable que le estropeasen el peinado y maquillaje estilos “pin-up” y  “look Chanel”, respectivamente. Unos daños psicológicos insoportables para la pitiminí opusdeista navarra.

Barcina reina en el cortijo navarro desde hace muchos años, habiendo estado salpicado su mandato, como alcaldesa primero y ahora como presidenta de la Comunidad Foral, de notorios y variados casos de corrupción (¿qué raro verdad?). Uno de ellos, por ser el más reciente, es el del cobro de dietas de la Caja de Ahorros de la derecha, la CAN, o el desfalco de la propia CAN…por supuesto, todos estos casos de corrupción han sido silenciados por el órgano de expresión de la UPN, el Diario  de Navarra y cerrados en falso por esa cosa siniestra que llaman justicia, la misma que encarcela sistemáticamente a los disidentes del régimen o monta pufos judiciales como el del 11-m. La derecha navarra, y antes los socio-listos, han usado el llamado “foralismo”, o privilegio feudal, como un reino de taifas para ricos, como tapadera para casos de corrupción y para aumentar los desequilibrios territoriales y fiscales.

El motivo de la protesta-tartazo de los “tartalaris” era denunciar el proyecto por el que se quiere implantar el tren de alta velocidad (TAV), tanto en territorio vasco como en el navarro, por lo que exigen la paralización de las obras del TAV por inviables y suponer un despilfarro. No voy a entrar en este tema que desconozco (aunque intuyo “faraonismo”, megalomanía, corruptelas varias, escasa sostenibilidad y pelotazos por doquier; vamos, política “made in Spain”) sino en el hecho en sí del “tartazo”. ¿Se puede tener la desvergüenza de pedir nueve años de cárcel por un acto simbólico que no va más allá de ser más una molestia cómica que un hecho especialmente “violento”?  Resulta una atrocidad judicial bananera y tiránica. Ni se derivaron lesiones en la interfecta, ni tampoco fue especialmente indigno el “tartazo”. Otra cosa es que la tarta hubiera estado rellena de mierda. Entonces sí sería más discutible el carácter ofensivo de ese “tartazo”, aunque tampoco hubiera sido para darse aire de terrible porque, en justicia, esa es la mejor forma de protesta. Echar mierda a la cara de los políticos.

En la mayoría de casos (por no decir todos), similares a los del «tartazo» regio navarro, que han acontecido en otros países (por supuesto, más democráticos que este, al menos judicialmente) el resultado ha sido una sanción administrativa de tipo pecuniario. En algunos de esos países la sanción económica incluso ha sido testimonial y ridícula (del orden de céntimos). Pero no, en la España filofranquista del garrote vil judicial-criminalizador han llevado de cabeza a un Tribunal excepcional, político, a un grupo de jóvenes por ensuciar con merengue la cara-dura de un personaje que ha victimizado y teatralizado hasta la náusea su supuesta “agresión”. Si hay cordura y sentido común deberían ser absueltos los “tartalaris”, previo reembolso del importe gastado en las tartas, y legislar posteriormente como falta administrativa este tipo de casos. Pero tal y como está el horno…no hay muchos bollos con lo que sigue…..

La última ocurrencia policíaca del PP  es reformar la Ley de Seguridad Ciudadana para multar, vía decretazo legislativo, hasta con cien millones de las antiguas pesetas (600.000 euros; se lee bien ¿no?) a quien tenga la osadía, valentía y dignidad de grabar el maltrato policial en las calles como consecuencia de manifestaciones u otros actos similares y después lo suba a Internet. Además, “insultar” y coaccionar a la antidemocrática guardia pretoriana de Korps de Gallardón-Díaz supondrá igualmente infracción grave multable hasta 30.000 euros. Se trata, por una parte, de ahogar y estrangular a la disidencia para evitar que ésta tome su lugar natural: la calle y, de otra, se garantiza la total impunidad de las FSE (Fuerzas de Seguridad del Estado) a la hora de, precisamente, vejar, insultar, golpear y humillar a los detenidos o a los manifestantes y, por ende, coaccionar, con su actitud intimidatoria, el derecho a manifestarse. Los malos tratos en la comisaría y fuera de ella…ambos sin un objetivo “indiscreto”.

Es decir, esas imágenes que vemos en Internet, esos videos de palizas policiales, esas agresiones contra ciudadanos absolutamente injustificadas, arbitrarias y fascistas no pueden ser exhibidas públicamente porque precisamente los fascistas que están en el poder, y en las cloacas policiales, quieren evitar su difusión a toda costa, ya que en Europa, y en el resto del mundo, se han alarmado en los últimos años ante el incremento del salvajismo policial que viene practicando el Estado español.

Ese Estado que sancionará  salvajemente a los denunciantes de las salvajadas de Estado…¿que ocurrirá si no pagan los cien milloncejos -lógicamente- como haría uno de sus amigos gangsters financieros…tipo Rodrigo Rato o Blesa? Supongo que irás de cabeza a la cárcel..por denunciar el terrorismo de Estado. Que cosas..lo cierto, es que el hecho de grabar en sí a un policía (de los llamados UIP), ya sólo sin mediar “altercado”, no supone ningún «compromiso» para ese integrante de las fuerzas del “orden” ya que normalmente va encapuchado y tampoco lleva ningún distintivo de identificación. No puede ser identificado de ninguna manera. Ni siquiera en los medios controlados, donde les pixelan la cara, no sea que detrás de uno de ellos se encuentre un torturador, maltratador de los “Mossos” o gentuza similar. La policía de este país tiene unas cotas de sobreprotección que no posee en ninguna otra parte del mundo.

Esta persecución brutal y esta escalada represiva contra la desobediencia civil (siempre pacífica, salvo cuando esa resistencia pasiva es reventada por elementos infiltrados de la policía, que es lo que quieren que no veamos), pretende tomar el modelo de países como EEUU, donde la violencia policial es parte integrante del modus operandi de control totalitario sobre la ciudadanía. Hasta el autoconsumo de marihuana va a ser penalizado. Queda, ¿ilusoriamente?, que un tribunal español o europeo tumbe esta nueva orgía represora del PP.